La ineficacia del Estado para resolver la crisis de derechos humanos provocada por más de 52,000 cuerpos sin identificar fue expuesta ante la CIDH por los familiares de personas desaparecidas y evidenciada por las propias autoridades, que presumieron logros irreales.
Ciudad de México, 8 de abril (A dónde van los desaparecidos).- Un Banco Nacional de Datos Forenses inexistente, un Programa Nacional de Búsqueda y Localización elaborado sin consultar a las familias de las personas desaparecidas, y un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense sin recursos ni apoyo político son algunos de los factores, expuestos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han contribuido a agudizar la crisis forense en México.
Reconocida en 2019 por el gobierno, la crisis de derechos humanos y la emergencia forense que significan decenas de miles de cuerpos sin identificar, no hacen más que “empeorar” a cinco años de la expedición de la Ley General en Materia de Desapariciones (LGD), consideró Virginia Garay Cázares, coordinadora del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP), el pasado 9 de marzo ante la CIDH, en el marco del 186 periodo de sesiones para audiencias públicas, realizado en Los Ángeles.
“Lo indicado por organizaciones [es que] existen 52,000 personas sin vida sin identificar en manos de las fiscalías y, a la fecha, no existe una cifra oficial del gobierno de México al respecto, lo cual es muy preocupante, pues se requiere de este diagnóstico oficial que deben presentar la Fiscalía General de la República [FGR] y las fiscalías locales”.
Publicada en noviembre de 2017, la LGD estableció los delitos penales en materia de desaparición, garantizó la protección integral de los derechos de las personas desaparecidas y dispuso la creación de instrumentos clave para la identificación humana como el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, el Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, un Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense y un Banco Nacional de Datos Forenses, pero la FGR, encargada de su puesta en marcha, ha retrasado por más de cuatro años su implementación.
Con esta legislación también se creó el SNBP, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y, con una reforma aprobada hace un año, el Centro Nacional de Identificación Humana.
Uno de los objetivos principales era lograr la coordinación entre las autoridades de los distintos niveles de gobierno en la búsqueda de personas desaparecidas y el esclarecimiento de los hechos. Se prometía además “efectividad y exhaustividad” en las acciones encaminadas a la localización y, en su caso, identificación de personas. Pero, de acuerdo con lo expresado por familiares de desaparecidos, nada de eso se ha cumplido.
Como representante de las familias del abogado Ricardo Lagunes Gasca y del líder comunal y maestro Antonio Díaz Valencia, desaparecidos el pasado 15 de enero tras asistir a una asamblea comunal en Aquila, participó Antoine Lagunes Gasca, quien dijo haber vivido en carne propia la ineficacia e ineficiencia de las comisiones de búsqueda y de las autoridades encargadas de la investigación, que han entorpecido la posible localización con vida de los defensores de una manera rápida.
“No tiene sentido hablar de identificación masiva si las entidades de investigación y búsqueda tienen inoperancia para encontrar a los desaparecidos y no cuentan con mecanismos de recuperación humanitaria”, señaló el hermano del abogado, refiriéndose a la falta de aplicación de protocolos para búsquedas inmediatas por parte de las autoridades de seguridad, sobre todo a los que se crearon para la localización con vida.
Lagunes Gasca exigió un informe del caso y un análisis de contexto para comprender por qué no ha sido posible localizar a los defensores. Insistió también en que se investigue a las empresas denunciadas como responsables de las desapariciones de defensores. En el caso de Lagunes Gasca y Díaz Valencia, familiares y miembros de la comunidad de Aquila señalaron a la trasnacional Ternium, concesionaria de la mina Las Encinas, pues el abogado y el líder comunal mantenían una lucha social y legal en contra de la empresa.
Su denuncia fue una de las cinco que se presentaron, pero se convirtió en la más clara demostración de la inviabilidad del discurso oficial de avances en torno a la búsqueda de personas desaparecidas y la coordinación institucional para hallarlas.
Junto con la exposición de casos, hubo también cuestionamientos graves sobre la inoperancia del SNBP. Garay Cázares, madre de Bryan Eduardo Arias Garay, desaparecido el 6 de febrero de 2018, consideró que se ha hecho poco desde las instituciones para tratar de esclarecer los crímenes, así como para exponer “la verdadera problemática nacional”, sobre todo tras la desarticulación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), que se anunció como un organismo que contribuiría a resolver uno de los principales problemas del país: la crisis forense.
“Lamentablemente, hoy el MEIF muestra una clara desarticulación en su estructura, una incertidumbre de funcionamiento a futuro”.
La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la fiscalía federal y el MEIF solicitaron la audiencia ante la CIDH para presentar avances y, lo que podría haber sido un acto protocolario, se complicó cuando las familias presentes por invitación del organismo internacional comenzaron a relatar las deficiencias del sistema mexicano para buscar a las personas desaparecidas.
El problema, sentenciaron, es que existe un gran número de dependencias e instituciones públicas involucradas en la solución de la crisis forense, pero no están coordinadas, lo que ha provocado que empeore. Así lo comprendió también la CIDH.
“Doy como nivel uno de trascendencia, necesidad, importancia, el tema de la cooperación con una articulación efectiva, con una coordinación necesaria para poder desarrollar todo lo que haya implicado hasta hoy considerado como avances. Si no hay coordinación institucional, no va a funcionar esa institucionalidad”, indicó Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora para México de la CIDH.
“Pero qué va a funcionar, qué van a articular, cuáles son los elementos de esa cooperación… y viene un segundo punto que es imprescindible: una política pública nacional […] que tenga esta conceptualización de la responsabilidad de esa articulación, de esa coordinación, del fortalecimiento de las propias instituciones con recursos… eso es una política pública, pero que no puede ser para un ciclo o un periodo”.
PRESUMEN BANCO NACIONAL QUE NO EXISTE
El gobierno mexicano anunció avances ante la CIDH que los familiares de personas desaparecidas desconocían y que han exigido a través de manifestaciones y posicionamientos, consistentes en disposiciones establecidas en la LGD, como la obligación de la FGR de crear y operar el Banco Nacional de Datos Forenses.
“Quiero hacer énfasis en que esta herramienta actualmente ya opera bases y registros forenses con los que cuenta la fiscalía [FGR], que se operan a partir del desarrollo de un motor de búsqueda que permite su vinculación y comunicación”, dijo Edna Patricia Cepeda, titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi). “El principal reto es tener un modelo estandarizado de obtención de información e interconexión”.
La Agencia de Investigación Criminal elaboró un plan de trabajo con objetivos a corto, mediano y largo plazo, expuesto por Cepeda, que se divide en cuatro etapas: el establecimiento de acuerdos entre las fiscalías y procuradurías del país; la creación de un banco de datos con la información que proporcionen estas instancias y la FGR; la integración de más autoridades, como las 32 fiscalías y procuradurías locales, así como la CNB, y finalmente, la consolidación del Banco Nacional de Datos Forenses.
Cepeda precisó que, actualmente, la FGR se encuentra en la etapa de construcción del banco nacional con 28 de las 32 fiscalías locales. Agregó que se ha informado a la CNB, pues esta herramienta deberá funcionar con información cruzada con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
“Esta última etapa resulta un reto mayúsculo porque no todas las instituciones registran su información de manera uniforme ni con las capacidades tecnológicas que permitan una incorporación al banco nacional”, afirmó.
Tras estos anuncios, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) acusó al Estado mexicano de presentar “información falsa”.
La molestia surgió debido a que el pasado octubre un juez ordenó a la FGR crear el banco nacional en un plazo de 40 días hábiles como resultado de un amparo interpuesto, con el acompañamiento del Centro Prodh, por Olimpia Montoya Juárez, hermana de Marco Antonio, desaparecido en Celaya en 2017. La respuesta institucional fue impugnar el amparo, insistiendo en que no era su responsabilidad crear la herramienta.
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NO SE CONSULTA A LAS FAMILIAS
El Estado mexicano, frente a la urgencia de presentar un avance importante, anunció el Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (PNBP), un documento de 106 páginas elaborado por la CNB sin consultar a los familiares de personas desaparecidas.
“[…] La Comisión Nacional de Búsqueda comunica la publicación del programa nacional de búsqueda, en el cual no hubo una participación amplia y frontal [de las familias] en su diseño. Para nosotros es importante que se respeten los principios de participación contenidos en la Ley [General en Materia de Desapariciones], es decir, que sea amplia y efectiva”, exigió Diana Iris García, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
Un pronunciamiento que dos días antes, durante su intervención ante la CIDH, planteó el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández-Maldonado, al afirmar: “Sin acceso a la información es imposible el acceso a la verdad y a la justicia. Pese a estos avances, siguen vigentes profundos retos para el derecho a la información de familiares y allegados de personas desaparecidas, así como para las instituciones a cargo de la búsqueda e investigación”.
El PNBP menciona la realización de “diversos ejercicios colaborativos”, que incluyeron tanto a familiares de personas desaparecidas como a funcionarios estatales y federales y organismos de la sociedad civil, para tratar de responder a las preguntas de cómo se puede atender el “problema” de las desapariciones y por qué ocurre.
En el documento se enumeran nueve ejes de intervención y la incorporación de dos estrategias transversales en cada línea de acción: la regionalización, con el propósito de establecer un ordenamiento territorial que permita “un proceso de implementación descentralizado y adecuado a las necesidades identificadas”, y la incorporación de herramientas tecnológicas vinculadas al RNPDNO, que incluyen un sistema único de registro de personas desaparecidas, una bitácora de acciones de búsqueda individualizada, expedientes electrónicos y la dispersión de indicios útiles de personas desaparecidas y no localizadas.
Otro de los propósitos del PNBP es vincularse, tal como lo establece la LGD, con el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense –a la fecha inexistente–, que está a cargo de la FGR y debe coordinarse con el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), creado en mayo de 2022.
Se describen, además, cuatro fases de implementación, cada una con una temporalidad de un año, en las que solo participarán autoridades, mientras que la evaluación de las fases estará a cargo de la CNB.
En el documento se señala que la participación ciudadana —que incluye a las familias, colectivos de familiares y organizaciones civiles— estará ligada únicamente al acceso a la información, a través de mecanismos como foros y mesas de trabajo con autoridades, acciones de búsqueda, encuestas de desempeño de funcionarios, y la inclusión de consejos ciudadanos en mesas de diálogo.
El PNBP fue publicado el 8 de marzo por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en el sitio del Gobierno de México, pero las familias no fueron informadas hasta la audiencia ante la CIDH.
“[Se] ha limitado nuestra participación en la mayor parte de los procesos de construcción de normas y políticas públicas. Los espacios participativos se han convertido en espacios informativos que no garantizan que la voz de las familias sea contemplada en la creación estratégica de esta agenda”, denunció Iris García, madre de Daniel Cantú Iris, desaparecido el 21 de febrero de 2007, e integrante también del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec).
LA INCERTIDUMBRE CON EL MEIF
El problema más grave presentado por el Estado mexicano ante la CIDH fue la inoperancia del MEIF, expuesto ante la CIDH únicamente por las familias, quienes expresaron desconocer los procesos internos del mecanismo.
“Es necesario que se restablezca la confianza en las instituciones encargadas de atender y revertir la crisis forense en México. Y recordar que, sin las familias, no”, expresó Mina Ruiz Campeán, madre de Roberto Córdoba Ruiz, desaparecido el 22 de agosto de 2010, tras exponer que el MEIF es un órgano internamente desarticulado y que los familiares necesitan que funcione y se coordine con otras instancias gubernamentales encargadas de la situación forense, como las fiscalías y los servicios periciales.
El mecanismo fue creado en 2019 como un órgano con autonomía técnico-científica, con capacidad para practicar peritajes en restos no identificados, pero tres años después, recordó la madre buscadora, no ha podido establecer convenios con fiscalías e instituciones forenses —como era su mandato—, en particular con la FGR.
A esto se agrega que, del grupo coordinador original de siete integrantes —cuatro forenses y tres especialistas: en cooperación internacional, acompañamiento psicosocial y temas legales—, permanece únicamente el médico forense Jairo Vivas.
En un texto publicado en el portal del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C., Édgar Cortez Moralez, quien había sido designado como el experto del MEIF en materia jurídica, expuso una serie de fallas del mecanismo, del que formó parte hasta el pasado octubre.
“La causa de mayor peso para que este proyecto se malograra fue la carencia de respaldo político pues, como ya se mencionó, la apuesta efectiva del gobierno federal siempre fue el CNIH, ahí se ha puesto todo el capital político, dejando al MEIF [como] un mero apéndice de la política de identificación humana y sin ninguna relevancia”, señala Cortez Moralez.
En el texto, el defensor de derechos humanos asegura que la falta de personalidad jurídica del MEIF hizo imposible acordar “bases de colaboración” con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), un paso previo para firmar acuerdos con las fiscalías locales.
Los inútiles intentos del MEIF para superar el impasse institucional en que se hallaba hicieron evidente que el mecanismo estaba “atrapado entre las fuertes discrepancias entre la FGR vs. la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob y la CNB”, agrega.
El MEIF optó entonces por contactar a fiscalías locales y plantear un trato directo. Logró establecer convenios con tres entidades: Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí. A este último estado, según instrucciones de la CNB, debía dársele prioridad pues contaba con un centro de identificación humana y el interés del gobierno en colaborar. Pero continuaron los conflictos.
“El trabajo con la comisión local de búsqueda se tornó casi imposible. Primero porque no había tal centro de identificación humana sino solo un laboratorio de genética que únicamente contaba con tres personas y además no eran idóneas. Lo más grave es que había problemas de corrupción, pues los equipos que se licitaron no era lo que realmente existía en el laboratorio. Dicha situación hasta la fecha continúa sin investigarse”, revela Cortez Moralez.
En julio de 2022, el grupo coordinador del MEIF fue informado de que solo había presupuesto para cubrir los gastos hasta el 31 de diciembre. Un mes después, la UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas, por sus siglas en inglés) informó que se haría una evaluación al mecanismo, pero al mismo tiempo ya se planeaba una reducción de sus integrantes, aunque nunca se les comunicaron “con transparencia” los planes: “[…] se puede pensar que primero se decidieron los cambios y luego se hizo una evaluación para justificar tales decisiones”.
Tras la salida el pasado julio de uno de los miembros del grupo coordinador, la incertidumbre ante el futuro del MEIF generó nuevas renuncias. En octubre dejaron su cargo Cortez Morales junto con dos integrantes; en diciembre y en febrero de este año, dos personas más. Al final queda solo Vivas.
Esta situación, junto con el hecho de que el MEIF trabaje únicamente en un estado y no cuente con el respaldo del gobierno federal, lleva al especialista a concluir que se trata de “un proyecto que se truncó”.
LA VERDAD ANTE TODO
En septiembre de 2020, A dónde van los desaparecidos documentó la crisis forense que enfrentaba el país, con más de 38,500 cuerpos sin identificar en unidades del Servicio Médico Forense (Semefo), funerarias, escuelas de medicina y fosas comunes.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México reveló en agosto de 2021 que la suma de personas sin identificar sobrepasaba las 52,000. Esa cifra se proporcionó en un informe que reveló más carencias del sistema de procuración de justicia.
El gobierno mexicano ha aceptado que tiene un problema en casa, pero la realidad supera por mucho lo que se ha reconocido. Fernández-Maldonado cuestionó, durante su intervención ante la CIDH, los métodos implementados actualmente. Sobresale, dijo, que no se busca con vida a las personas, “tal como lo establecen los ejes rectores del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas”.
“Como las propias familias nos han enseñado: la verdad ante todo, por dolorosa que sea. De tal forma que si el corazón del ser querido ha dejado de latir, merece la identificación, el respeto y la restitución digna de sus restos”.
Aunque existe una crisis forense y el Estado mexicano ha adoptado medidas para resolverla, agregó, los avances mostrados aún no permiten decir que la situación ha mejorado o que el reto ha sido cumplido, sobre todo por la falta de interés de las fiscalías.
